Análisis de las nuevas medidas del Gobierno que afectan al sector audiovisual

Ayer, 1 de abril, fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Se trata de un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno central para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID‐19. Puedes consultar el texto completo AQUÍ.

A continuación, compartimos el informe que ha elaborado el Clúster Audiovisual de Canarias, apoyado a su vez en el trabajo de AECE (Asociación Profesional de expertos tributarios y fiscales de España), en el que resaltan aquellos aspectos relevantes para las empresas y trabajadores del sector audiovisual:

1. En esta ocasión, y por primera vez, se hace referencia explícita al sector audiovisual y cinematográfico en varias medidas, atendiendo a las peculiaridades de nuestro ámbito. En concreto, en la exposición de motivos, III, Sección 2º, se reconoce que “los servicios audiovisuales juegan una trascendente doble función como servicios esenciales, que se ha visto reforzada en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por un lado, constituyen una vía fundamental para que los ciudadanos puedan informarse y para que puedan manifestarse las diferentes corrientes de expresión en la sociedad española. Y por otro lado y al mismo tiempo, proporcionan a la sociedad española servicios de ocio y entretenimiento, que cobran especial relevancia en estos momentos de confinamiento domiciliario. Las empresas que prestan servicios audiovisuales, especialmente las que emiten en abierto, se encuentran en este contexto de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con la situación paradójica  de que han visto aumentar su audiencia por las medidas de confinamiento, pero al mismo tiempo están sufriendo una brusca caída de sus ingresos desde el inicio de la crisis, debido principalmente a la cancelación de campañas publicitarias de empresas que han visto suspendida o ralentizada su actividad”.

Por ello, han establecido en el artículo 46 del nuevo RD (pág. 43) una Compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, con el objetivo de permitir que las empresas que proveen este servicio puedan gozar de una mayor liquidez en aras de la adecuada prestación de este servicio esencial. 

2. En segundo lugar, en relación a las condiciones de los ERTEs, se ha aclarado y confirmado que el compromiso de mantenimiento de 6 meses no afecta a los contratos temporales o por obra y servicio. Ahora se afirma que en cuanto al compromiso fijado en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, este debe cumplirse y verificarse teniendo en cuenta las características y circunstancias de la empresa o del sector correspondiente, atendiendo en especial a la estacionalidad o variabilidad del empleo, así como su correspondencia con eventos concretos, acontecimientos u otras especificidades sectoriales como las de, por ejemplo, las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual.

Para ello, se ha dispuesto en Disposición adicional decimocuarta  (pág. 53) que “el compromiso del mantenimiento del empleo […], se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.”.

Además, “el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora”.

3. En relación al apoyo al tejido productivo con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual crisis, en el artículo 34 (pág. 33) se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.

-En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

-Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.

– Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.

4. Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Según se detalla en los   artículos 42, 43 y 44 (págs. 39-43), las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

5. En relación a los trabajadores, conviene tener claro que, según el artículo 33 (pág. 33), las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo “serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional  por fin de contrato temporal”, equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar.

6. Otras medidas:

Se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma. Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría General.

– Según la Disposición adicional primera (pág 48), se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), que es la entidad que a su vez avala a las SGR como CREA, con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones.

– También se habilita al ICEX (artículo 40, pág. 39) para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en   ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.

Se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19 (Disposición adicional vigésima, pág. 55).

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